Por Marcela Basch
El 26 de junio, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, participó formalmente en la segunda cumbre de la Pax Silica, en Washington, y firmó la declaración de adhesión de Argentina a esta coalición creada para “asegurar las cadenas de suministro de la inteligencia artificial”.
Durante la conferencia, Oxenford remarcó el potencial argentino en minerales críticos y el nuevo marco legal que posiciona al país como un socio tecnológico clave. En el mismo sitio web oficial del encuentro, se señala que el nombre “Pax Silica” viene del latín; hace eco con la famosa pax romana, el período de mayor expansión militar y económica del Imperio Romano.
“La Argentina se consolida como proveedor confiable de minerales críticos y recursos estratégicos necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial y actor relevante en materia tecnológica”, dijo en relación a esta iniciativa el canciller Pablo Quirno.
En la misma semana, la Cámara de Diputados había dado media sanción al proyecto de ley conocido como Súper RIGI, que fleixbiliza todavía más, hasta la desaparición, las condiciones para que empresas extranjeras hagan negocios en la Argentina, y con los recursos naturales de la Argentina.
Esta vez, el proyecto de ley está pensando directamente para facilitar la instalación de centros de datos para el desarrollo de inteligencia artificial, infraestructuras que requieren de espacios amplios y frescos, agua y energía abundante y accesible. Las facilidades que plantea prácticamente regalan el país a empresas extranjeras por treinta años, sin condiciones: no se requiere que las empresas contraten mano de obra argentina, ni que paguen -casi- impuestos, ni que reinviertan aquí parte de lo ganado. Incluso, si hubiera alguna de diferencia de opinión, será saldada en tribunales extranjeros: el súper RIGI renuncia hasta a la soberanía jurídica.
Por eso, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la perspectiva de que Argentina se convierta en un proveedor de recursos naturales sin beneficios desarrolló un documento explicando los peligros de esta legislación, que se considera como un “cheque en blanco” que se extiende a las grandes compañías tecnológicas por treinta años, sin pedir nada a cambio. Desde LAIA apoyamos esta postura: queremos estar en el diseño y la toma de decisiones de la inteligencia artificial, no solo en la cadena de suministro de materias primas.
El documento completo, titulado Super RIGI: análisis crítico, riesgos y posicionamiento, puede leerse aquí.